El derecho a la expresión libre y el de informar e informarse como una de sus realidades, es uno de los referentes más valiosos de los estados democráticos y las sociedades que están llamados a sintetizar.

La información es un bien y dentro de un conjunto de valores colectivos, pagamos por obtenerla, solo que, y por antonomasia, aspiramos a que sea objetiva, oportuna e imparcial y que ella nos enseñe todos los aspectos de la realidad o se aproxime a ella de la mejor manera. Su valor de uso  está dado en la medida en que sus receptores la transformen en procesos de cambio, capaces de generar mejoras en el bienestar colectivo y siempre  preferimos que la publiquen y la difundan, por dura que sea, porque el periodista y los medios que le sirven, son los catalizadores del derecho que nos asiste a recibir esa información y contribuyen con su trabajo a profundizar la democracia, a hacerla tangible lo cual es un enorme beneficio.

Ayer, escuchamos la intervención sobre el cierre de un importante número de establecimientos en el Centro Histórico y el vaticinio de la quiebra del sector. 

Sobre ello valga señalar, que la casi totalidad  de los establecimientos del CH están cerrados por  expresa prohibición legal y ello de por si ha acarreado  estragos en la economía de Cartagena y de muchas de sus empresas asociadas a la actividad turística; esto exige que al tiempo que se supera  el COVID - 19, y se adecúa la realidad al nuevo orden, se avance con decisión en la construcción e implementación de las acciones necesarias para su reapertura y en en general la de todas las actividades. Si bien, muchos no podrán resistir el decurso de la pandemia, otros  podrían salvarse con el acompañamiento del Estado aunado a su propio esfuerzo, que está claro, por las encuestas que se han realizado, es cada vez más difícil y hacen más precario el estado de las cosas. 

Al tiempo, queremos manifestar, que no  aceptamos la afirmación final  que acompañó la noticia por despreciable y generalizable ya  que la culpa de ese estado de las cosas no se debe “a un chupar  ron“ y a la “guachafita”. (La W, junio 18 de 2020)
 
No, ni los cartageneros somos chupadores de ron, ni tampoco desobedientes.  Somos más que eso y mucho de lo que somos y padecemos hoy, es la suma no solo de la acción u omisión de quienes la habitan.
 
En Cartagena, la misma que El  Libertador elogió por los grandes favores que le había hecho a la República, existen muchos esfuerzos, diligentes y sostenidos de personas, instituciones, empresas y gobierno que no podemos dejar que sean opacados por el quehacer de una minoría, en algunos casos de mala fe o por indolencia, pero en muchos otros porque su actuación está enmarcada en durísimas condiciones sociales frente a las que exigir una conducta diferente es un imposible.
 
En Cartagena no le tememos a la información, ni siquiera a la opinión, pero una y otra debe reposar en la verdad y en la responsabilidad de no dañar ni crear estigmas con ella, estos últimos  que tanta desgracia le han traído a la humanidad,  en especial, muy en especial, cuando provienen de quienes son escuchados por tantos.
 
Hay que señalar que está ciudad fue pionera en las decisiones de contención: prohibimos eventos para más de 50 personas mientras el Gobierno Nacional permitía hasta 500; restringió  a los vendedores en el Centro Histórico; declaró la cuarentena para los turistas, suspendió las clases en los colegios y universidades y las actividades de los establecimientos comerciales y turísticos entre otras tantas y declaró  el primer toque de queda del país el 17 de marzo, una semana antes que el  nacional.
 
Por último es injusto insinuar la evolución  de la pandemia asociada al Festival de Cine. Las evidencias con las que contamos no permiten inferir en ello  y además los poquísimos días que funcionó, fueron bajo los protocolos que el Gobierno Nacional instruyó.